MUSEO CARLISTA DE MADRID.-

Colección J. Urcelay

Reservados los derechos. Museo Carlista de Madrid.- Colección J. Urcelay

  • Museo Carlista de Madrid

Dos Altezas de la Casa de Borbón

Actualizado: feb 15



Javier Garisoain, Presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista, organización considerada como heredera del carlismo histórico, ha dado a conocer que “cumpliendo el mandato del último Congreso de la Comunión, se ha formado una Comisión para el estudio de la cuestión sucesoria por todas las dudas que comenzaron a surgir a partir de Carlos Javier de Borbón-Parma”. Esta comisión está formada por el historiador Miguel Ángel Bernáldez Gutiérrez, y los juristas Rafael de la Vega Churruca y Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna.

Según esas mismas declaraciones, actualmente la Comunión sigue manteniendo el acuerdo tomado en el Congreso de la Unidad de 1986 en relación a tener como último rey reconocido por todos los carlistas a SMC Don Alfonso Carlos I.

Javier Garisoaín ha explicado que el de la comisión será “un trabajo laborioso”, para “estar seguros de que las conclusiones son las acertadas”. Y, por todo ello, aclara que la citada comisión no tiene prevista una fecha límite para pronunciarse sobre “quién es el rey de España de la línea sucesoria".

Para determinar “quién es el rey de España de la línea sucesoria”, más que los trabajos de una comisión harían falta los de una tesis doctoral de tres años de dedicación exclusiva, que nadie podría garantizar, por otra parte, que fuera capaz de llegar a ninguna conclusión.

La cuestión sobre la sucesión legitima a la corona de España fue la cuestión nuclear del problema sucesorio planteado a la muerte de Fernando VII, con la disputa entre los que afirmaban los derechos del Infante Carlos María isidro y los partidarios de Isabel. La cuestión radicaba entonces en saber si la publicación de la Pragmática Sanción había cumplido con los requisitos legales para darle fuerza de ley, o si, por el contrario, la misma debía considerarse nula de pleno derecho. Si la publicación de la Pragmática Sanción hubiera sido irregular, al no haber sido sancionada en Cortes, la ley sucesoria a aplicar tendría que ser la vigente hasta su publicación -es decir la introducida en España con la llegada de la dinastía borbónica-, y el legítimo heredero al trono sería el Infante Don Carlos. Si la Pragmática Sanción hubiera cumplido todos los requisitos para ser ley válida, entonces la ley sucesoria a aplicar sería la establecida en las Partidas de Alfonso X el Sabio, y la princesa Isabel sería la legítima reina de España.

Controversias interminables animaron el debate sobre la validez jurídica de la publicación de la Pragmática Sanción, su derogación y la derogación de la derogación. La naturaleza del problema era de naturaleza legal -requisitos de una ley fundamental para ser válida-, pero la controversia estuvo desde el principio teñida de contaminaciones ideológicas porque la España tradicional se alineaba detrás del Infante, mientras que las esperanzas de los liberales caían del lado contrario.

Visto con la perspectiva de los años transcurridos, parece claro que el Infante Don Carlos fue privado de sus derechos legítimos mediante un golpe de mano que hoy llamaríamos “anticonstitucional”, pero lo cierto es que aquella ocasión política y ley entraban en conflicto en el momento de determinar a quién correspondía el trono. No era la primera vez que ocurría en la historia de España, pero si la que cronificaría este problema hasta nuestros días, haciendo de él un exponente más de la fragmentación del mundo moderno traída por la Revolución.

Luego vino la iniciativa de Balmes y otros sectores a favor de una “fusión dinástica” a través del matrimonio de la adolescente Isabel con el primogénito de Don Carlos, el conde de Montemolín. Se trataba con ello de cerrar la brecha que se había abierto entre “las dos Españas”, tratando de reestablecer su unidad. La propuesta, aceptada por Don Carlos y que abdicó para ello sus derechos en su hijo Carlos Luis, fracasó, en parte por las injerencias internacionales. A partir de ahí se rompió el implícito armisticio y el carlismo volvió a echarse al monte en lo que fue la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), realizada teóricamente por los derechos de Carlos VI, pero que en la práctica fue un nuevo escarceo de la España tradicional en su lucha contra el liberalismo.

Una década después se produjo el intento de golpe de estado que empezó y acabó con el desembarco de San Carlos de la Rápita de 1860. Al capitán general de Baleares, don Jaime Ortega, le costó la vida y al conde de Montemolín -Carlos VI- ser apresado y tener que abdicar de sus derechos para salvar el pellejo. Nueva disputa jurídica al canto, esta vez ya sólo en el interior del legitimismo monárquico: ¿había sido la renuncia válida al haberse realizado bajo coacción? ¿debía el Pretendiente retractarse o, por el contrario, los derechos pasaban a su hermano Juan? ¿o simplemente esa abdicación acababa con los derechos de la rama legitimista? La perduración de la oposición al régimen liberal estaba en juego.

A la muerte de Carlos VI en 1861, la titularidad de los derechos dinásticos pasó a don Juan, segundo hijo de Carlos V, poco afín los postulados ideológicos del carlismo. Don Juan -el Juan III de la dinastía carlista- aceptó ser el sucesor de su padre y su hermano, lo que no fue obstáculo para que reconociera a Isabel II y abrazara los principios del liberalismo. Todo ello dio pie a que las bases carlistas se apartaran de él, aunque su derecho legal como sucesor no pudiera ser discutido.

Entonces fue cuando la princesa de Beira, viuda de don Carlos y verdadera mantenedora de la llama carlista desde la muerte del conde de Montemolín, publicó en 1864 su famosa Carta a los españoles, en la que enunció la teoría de la doble legitimidad, la de origen y la de ejercicio, que sería una novedad en el acervo jurídico-político del Tradicionalismo. Con ello se hacía explícito un principio político que hasta ese momento planeaba sobre la cuestión, pero que nunca se había enunciado: para ser rey no basta tener derecho, sino que hay que merecerlo.

En base a esa necesaria doble legitimidad para poder ostentar la corona, la viuda del primer rey carlista consideró invalidados los derechos de don Juan, y proclamó los de su nieto Carlos con el título de Carlos VII.

Al joven príncipe Carlos María de los Dolores, lleno de ideales e imbuido de deseos de emular las glorias de sus antepasados, le faltó tiempo para considerarse titular legítimo de la corona. Tuvieron que ser algunos de los prohombres del partido -particularmente el conde de Morella- quienes le recordaran la necesidad de que, previamente, su padre don Juan hiciera una abdicación formal de sus derechos. Bien estaba lo de la legitimidad de ejercicio, pero también había una legitimidad jurídica y formal que era preciso respetar.

Sólo después de que don Juan abdicó en su hijo, la reunión de notables del partido carlista celebrada en Vevey reconoció al joven don Carlos como rey legítimo.

Carlos VII reclamó sus derechos cuando los revolucionarios del 68 destronaron a Isabel II e iniciaron la búsqueda de un candidato para ocupar el trono de san Fernando. Pero la Revolución no estaba dispuesta a volver para atrás y así el Carlismo tuvo que echarse otra vez al monte. Tras cuatro años de guerra infructuosa, un golpe de estado promovido por las fuerzas de orden dentro del campo revolucionario impuso en el trono a Alfonso XII, hijo de la depuesta Isabel II. También aquí la política prevaleció sobre la ley, porque Isabel no había abdicado. Y la reina destronada se lamió las heridas visitando al propio Don Carlos en París, añorando la monarquía que pudo haber sido y no fue.

Al morir Carlos VII el derecho sucesorio pasó a su hijo don Jaime, quien hizo la faena al carlismo de no tener descendencia, empezando por ni siquiera casarse, con lo que a su muerte los derechos sucesorios retrocedieron a su anciano tío Alfonso Carlos, hermano de Carlos VII. Se impusieron así las reglas internas de la casa de Borbón, que daban prioridad a los varones sobre, en este caso, la hija mayor de Don Carlos, a la que hubiera correspondido el derecho de haberse aplicado las leyes sucesorias imperantes en ese momento en España.

A la muerte de don Alfonso Carlos I, ocurrida en 1936, y no teniendo descendencia, la sucesión fue encomendada a su sobrino don Javier de Borbón-Parma en calidad de regente, por ser esta rama familiar la que se había mantenido sin reconocer a la dinastía usurpadora. Don Javier podría decidir si retener para él los derechos al trono o designar a quien habrían de corresponder. Se trataba de un nuevo caso en el que las consideraciones políticas se sobrepusieron a las estrictas reglas sucesorias, que hubieran quizás deparado a la dinastía carlista un heredero de la rama alfonsina.

A todo ello, el Alzamiento Nacional y la victoria que le siguió supuso un cambio radical en el panorama. El carlismo, integrante del bando nacional, pero en conflicto con algunas de las orientaciones que anidaban en el mismo, se escindió entre una multitud de fidelidades: javieristas, juanistas, carlooctavistas, franquistas (luego juancarlistas) … y, años después, promotores de la Regencia Nacional de Estella, creada por antiguos javieristas hartos de la tibieza y falta de compromiso político del entonces ya proclamado Javier I.

No podía ser menos. Las reglas de sucesión a aplicar habían quedado suficientemente embarradas, y las consideraciones políticas a la hora de determinar sucesor suficientemente legitimadas, como para que ya cualquiera se sintiera capacitado para determinar el heredero al trono según sus preferencias, con independencia de los fundamentos jurídicos-legales que lo ampararan. De la introducción de una novedosa legitimidad de ejercicio añadida a la mera legitimidad de origen, se había pasado a que fuera aquella la esencial y ésta una cuestión de orden relativamente menor.

Desaparecido el carlooctavismo por fallecimiento de sus titulares los archiduques de Austria, dejado atrás el oportunismo juanista de boina roja, y perpetuado Franco en el poder, ya solo quedaba como Pretendiente legitimista don Javier, que podía invocar haber sido designado por don Alfonso Carlos y ofrecer una cierta continuidad dinástica a través de la familia Borbón-Parma. Aunque ya para entonces una buena parte del carlismo estuviera alejado de su disciplina.

Con el fin de aumentar sus posibilidades de acceder algún día al trono de España, don Javier legó sus derechos a su primogénito Carlos Hugo, que se dispuso con entusiasmo a jugar el papel que el destino le reservaba. Durante la década de los sesenta del siglo XX, antes de que Franco nombrara sucesor a título de rey, el Carlismo vivió momentos de esplendor, encandilado con la figura de un nuevo Pretendiente -un nuevo Don Carlos, porque el joven príncipe pronto cambió el nombre Hugues Marie con el que fue bautizado- y de una nueva familia real legítima. Testigo de ello fueron las multitudinarias concentraciones en la montaña sagrada de Montejurra.

Sin embargo, la decantación de Franco por don Juan Carlos -en detrimento del candidato Borbón-Parma y en demostración de un nuevo caso de sucesión decidida a la carta- dio al traste con las esperanzas de Carlos Hugo, que inició a partir de entonces un sorprendente viraje hacia posiciones antitéticas con lo que el Carlismo había representado a lo largo de más de un siglo, declarándose partidario del socialismo autogestionario.

Naturalmente los verdaderos carlistas dijeron bye bye a ese partido carlista que había cambiado el cuatrilema de Dios-Patria-Fueros-Rey por los ideales del Mayo del 68 y propugnaba la ruptura democrática, integrándose en la Junta Democrática con el Partido Comunista. Carlos Hugo había perdido la legitimidad de ejercicio por sus posiciones marxistoides, y por tanto dejaba de ser rey, aunque permanecía abierta la cuestión de si subsistía el derecho de sus descendientes.

Frente a la pirueta ideológica de Carlos Hugo, alzó la bandera su hermano don Sixto, invocando los principios del tradicionalismo como fundamento de su legitimidad. Ello no fue suficiente para que don Javier desautorizara a su primogénito, cosa que podía haber hecho. Para mayor desgracia, un terrible accidente de coche dejó a don Sixto mermado en su condición física, impidiéndole la posibilidad de una presencia sobre el terreno que hubiera favorecido sus pretensiones.

Fue en estas circunstancias cuando se produjo en 1986 en El Escorial el llamado Congreso de la Unidad del Carlismo, del que nació la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) como organización unificada. En sus acuerdos constitucionales la cuestión de la titularidad de los derechos sucesorios quedó postergada, limitándose a ese reconocimiento de don Alfonso Carlos como último rey de todos los carlistas.

Se oficializaba así un cierto sedevacantismo, que naturalmente fue pronto considerado contradictorio con la naturaleza monárquica y dinástica del movimiento, tanto por los partidarios de Carlos Hugo, que le seguían en su aventura socialista, como por algunos prohombres del tradicionalismo que, conscientes de la contradicción de un carlismo sin rey, abiertamente pasaron a apoyar a don Sixto

A la muerte de don Carlos Hugo, le sucedió su hijo Carlos Javier, que desde el primer momento dejó claro su disposición a ponerse al frente de la dinastía carlista, lo que concentró en él todas las expectativas. Las de unos, como continuador natural de su padre. Las de otros, porque entendían que la deslegitimación del padre no privaba del derecho sucesorio legítimo al hijo. Y las de los sixtinos, indirectamente, porque un príncipe de la misma familia Borbón-Parma, pero reconciliado con los principios doctrinales del tradicionalismo, hubiera resuelto el problema de la sucesión de don Sixto.

Al fin y al cabo, se trataba de un nuevo príncipe, perteneciente a una nueva generación, nacida ya después de los tormentosos años 70 y de quien se podría esperar que tratara de rehacer la quebrada unidad del Carlismo, recuperando el clima de esperanza vivido hacía unas décadas.

Las primeras comparecencias y manifestaciones públicas de don Carlos Javier han sembrado dudas. Mientras que algunas de sus palabras y de sus recientes gestos -como su participación en el Vía Crucis de Montejurra 2019 o la jura de los Fueros del Reino de Valencia- deben considerarse positivos, sus recientes declaraciones a un periódico levantino, con motivo de su visita a la capital del Turia, tuvieron un tono progre y políticamente correcto que causaron cuando menos perplejidad entre los carlistas ortodoxos. Dicho sea con la prevención que siempre merecen unas declaraciones expuestas a lo que finalmente, con mayor o menor fidelidad, escribe un periodista.

Educado y residente en Holanda, rodeado del ambiente familiar de los Orange-Nassau, apartado de la realidad española y puede que subordinado a las orientaciones que recibe de su tía doña María Teresa y de los miembros de la Asociación 16 de abril -procedentes del partido carlista, responsable con Carlos Hugo de la transubstanciación ideológica del Carlismo-, el verdadero pensamiento de don Carlos Javier es aún en parte una incógnita, como lo es su voluntad real de acercarse al carlismo que, por coherencia ideológica, se separó de su padre y está hoy en la CTC o con don Sixto.


De manera casi simultánea a estas primeras apariciones políticas de don Carlos Javier, otro miembro de la casa de Borbón ha saltado estos días a la palestra de la actualidad política española. Se trata de don Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Alfonso XIII por rama paterna y del general Franco por la materna. Su pedigrí genealógico no es el de un miembro cualquiera de la realeza: don Luis Alfonso es duque de Anjou, cabeza de la Casa de Borbón -según las reglas dinásticas familiares-, y heredero de la corona de Francia para los legitimistas monárquicos franceses. Derecho sucesorio en mano, el realizador de la hipotética tesis doctoral a la que nos referíamos al principio, podría incluso considerarle heredero de Carlos VII, don Jaime y don Alfonso Carlos, que fueron igualmente cabeza de la dinastía de los Borbón en su momento y reconocidos igualmente como herederos al doble trono de España y de Francia.

Don Luis Alfonso, un joven recatado que había huido hasta ahora de la prensa y las comparecencias públicas, ha sido objeto de atención con motivo de su oposición al traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos. Lo que, por contraste con el silencio cobarde de don Juan Carlos y del propio Felipe VI -que tanto deben de su trono al “dictador”- le ha granjeado las simpatías de cientos de miles de españoles, que vieron en aquel acto un infame atropello.

Pero todo parece indicar que no se trató de una actitud aislada. El pasado 22 de enero, don Luis Alfonso asistió a la presentación de un libro cuyo título y autor -La pérdida de España, del profesor Alberto Bárcena- dejaban pocas dudas respecto a la naturaleza del acto. En sus palabras, don Luis Alfonso defendió, con emoción que le quebraba la voz, la memoria de su bisabuelo Francisco Franco frente a las deformaciones de las que es hoy objeto su figura, reivindicó las glorias de la Monarquía Hispánica, proclamó la Fe Católica como consustancial al ser de nuestra nación, reivindicó su consagración al Sagrado Corazón -llevada a cabo por sus dos bisabuelos- y alabó la resistencia de los españoles contra la Revolución, proclamando los principios de Dios Patria y Familia como los que dan sentido a su vida.

Un público enfervorizado le tributó en pie una larguísima ovación, con las que reconocía no sólo las ideas enunciadas, sino especialmente la valentía, la nobleza y la dignidad de quien las había defendido sabiendo a lo que con ello se exponía.

El contraste entre las tomas de posición de las dos Altezas Reales de la casa de Borbón, casi coincidentes en el tiempo, el uno tocado con la boina roja de la dinastía carlista, el otro miembro de la dinastía alfonsina, resulta curioso y paradójico, al defender cada uno -nos referimos a las declaraciones de don Carlos Javier al periódico levantino- ideas que cabría esperar oír de la boca del otro. Se diría que con ello nos encontramos ante al epítome de las contradicciones acumuladas a lo largo de la historia que hemos recorrido brevemente, dándole una última vuelta al nudo trenzado entre los principios de legitimidad de origen y de ejercicio. Y poniendo de manifiesto los riesgos de confundir el principio monárquico con la mera servidumbre a una estirpe familiar.


La pervivencia del carlismo como movimiento contrarrevolucionario en nuestra nación debe buena parte de su longevidad a la singular alianza entre el pueblo, que se oponía al liberalismo y la impiedad que destruían sus tradiciones, y la dinastía que hizo suya la bandera de Dios Patria Rey. Sin esa alianza esa oposición habría sido barrida del mapa al poco tiempo, como lo fue en la mayor parte de las naciones cristianas de Europa. Si aquí subsistió y fue capaz de oponer cuatro guerras a la Revolución a lo largo de casi dos siglos, fue por esa providencial alianza entre una dinastía legítima y los defensores del régimen político legítimo, el de la Tradición española encarnada en la secular Monarquía Hispánica.

Hoy no existe ya esa unidad de un pueblo y una dinastía que ha sido la clave del Carlismo a lo largo de su historia. Eso hace que la Comisión nombrada por la CTC para dirimir la cuestión lo tenga en realidad fácil. Sencillamente porque el fallecimiento de don Alfonso Carlos supuso el final de la dinastía legitimista, Carlos Hugo dio al traste con una oportunidad histórica, y desde entonces los carlistas del siglo XXI tenemos que hacer el cesto con los mimbres que tenemos en la España que nos ha tocado vivir.

La defensa de la legitimidad dinástica fue, en un tiempo, la defensa de los principios del orden natural y cristiano, constitutivos de nuestra tradición nacional. Y, a su vez, la reivindicación patriótica no puede desligarse, incluso hoy, de la reivindicación de la monarquía legítima, que es nota inseparable de la genuina monarquía católica, social y representativa.

Esa es la Regencia moral que, aunque sea sin rey, ha de representar hoy el Carlismo, que no es un fin, sino un medio.

Conviene hacerse a la idea de la realidad para no seguir en las ensoñaciones. El legitimismo hay que situarlo hoy en los principios que defendemos, y no en el derecho sucesorio. No se trata, por tanto, de saber a quién le corresponde ser nombrado rey por razones de tipo histórico-jurídico, sino de cómo pueden defenderse mejor, aquí y ahora, los principios políticos fundamentales de nuestra tradición nacional. Ese Dios, Patria y Familia, de los que hablaba don Luis Alfonso, pero también la monarquía templada en la que el rey reina y gobierna través del entramado institucional, la constitución orgánica de la sociedad y la representación del pueblo en Cortes, la autarquía de los cuerpos sociales, el sano regionalismo y el repudio del estatismo y la partitocracia.

Y en esa defensa caben todos los españoles, y en lugar preminente los españoles de sangre azul que hacen suya esa bandera, vengan de donde vengan y sean quienes sean.

No como reyes, sino como abanderados y primeros soldados de la Causa.

Después, Dios y la historia dirán la última palabra.